ENERO 2023, PRIMER MES DEL AÑO ELECTORAL Y DOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE JUNTOS ACUSADOS DE CORRUPCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
El viernes 27 de enero de 2023, el Frente de Todos denuncia públicamente un grave hecho de corrupción en el que estarían involucrados funcionarios municipales.
La denuncia se apoya en que el área que conduce Juan Carlos “Pipo” Gómez habría inscripto como proveedor -relacionado con servicios de pintura- a una persona conocida de él y empleado en la actividad privada de Gabriel Vespasiano, quien es subsecretario de esa misma área. A ese “proveedor” le habrían hecho facturar más de dos millones de pesos en este tiempo.
Según la denuncia, el dinero volvía a los funcionarios en efectivo y en negro pero ésta vez se habrían realizado dos transferencias hechas por este proveedor, el 20 de enero a través del Banco Provincia, directamente a la cuenta de los funcionarios luego de cobrar un cheque.
Javier Estévez, presidente del bloque del Frente de Todos dijo que hay más áreas involucradas. Específicamente el sector de compras, asesoría letrada, Gobierno, Hacienda y también el intendente que firmó el cheque.
Una vez realizada la denuncia pública, el sábado 28, el intendente de Juntos, Víctor Aiola, saca una publicación en la que dice que:
“Este lunes 30 de enero, el área de Legales realizará las presentaciones administrativas y judiciales que correspondan, desafectando momentáneamente a dos de los funcionarios implicados para realizar las investigaciones pertinentes y solicitar a la justicia que actúe en su defecto”. Firma la nota, Municipalidad de Chacabuco.
El domingo 29 de enero, el bloque de concejales del Frente de Todos saca una solicitada titulada: “Aiola reconoce la corrupción en su gobierno”, se preguntan si “¿Estamos ante un intendente cómplice?” y terminan diciendo: “Una vez más, ha quedado en claro que la Transparencia es la materia pendiente del gobierno de Aiola, y para decirlo solo basta remitirse a los últimos hechos irregulares no aclarados”.
El lunes 30 había sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante para tratar entre otras cosas, el Presupuesto 2023. Pero los hechos de corrupción se hablaron en el Concejo.
El presidente del Bloque de Juntos, Alejo Pérez, pidió una moción de privilegio para tratar el tema y dijo: “Queremos que se avance hasta las últimas consecuencias. Estas situaciones duelen y es momento de que los políticos demos gestos claros de hacia dónde vamos”. “Es importante que la justicia actúe en este caso. El Ejecutivo ha tomado medidas separando a los funcionarios que pueden estar implicados y haciendo la denuncia a la fiscalía”.
Luego, el concejal del Frente de Todos, Darío Golía, señaló: “Nosotros planteamos una Comisión Investigadora que establece la Ley Orgánica. Acompañamos y condenamos lo sucedido. Un hecho de gravedad institucional nunca visto, con elementos probatorios que llegan a una transferencia bancaria, una tipificación penal en una conducta delictual”. Continuó: “Quienes apostamos a la política creemos en ella como una vocación de servicio, como instrumento para transformar la realidad del ciudadano. No para que haya dos o tres vivos que se quieran enriquecer. Pero esto es para todos los partidos políticos. Condenamos estos hechos, el querer apoderarse de los bienes públicos. Pero lamentablemente no es el único que hemos denunciado. La gestión municipal no solo ha perdido a dos funcionarios, sino también la autoridad moral para llevar adelante una gestión municipal”.
El 31 de enero, Karina Bivona, la asesora letrada del municipio junto a Mario Ferraresi, secretario de Gobierno hicieron una presentación en la Fiscalía local donde según el diario De Hoy, pidieron que se investiguen las denuncias públicas sobre el caso del proveedor.
También ese día se conformó la Subcomisión Especial, que investiga el presunto hecho de corrupción. La misma está presidida por la concejal Romina Barbetta (FDT), y está integrada por los concejales Marcos Peralta, Javier Estévez, Karina Geloso (todos del FDT); Alejandro Cieri, Cecilia Gabrieli, Agustín Zarkovich, Alejo Pérez y Lisandro Herrera (JPC). Como asesor jurídico se invitó al empleado Matías Sassoni, que es abogado.
En la primera reunión se decidió pedir información al Departamento Ejecutivo sobre el proveedor Marcos Andrés Batista; los funcionarios Gabriel Vespasiano y Pablo Alegre; copia de la denuncia presentada por el Municipio ante la Fiscalía y los trámites administrativos realizados por la Asesoría Letrada. También se investiga si el proveedor de servicios de pintura le entregaba dinero de las obras facturadas al Municipio a funcionarios.
El 3 de febrero, el concejal Javier Estévez fue citado a declarar por las sospechas de corrupción en el municipio. Estévez dijo que fue citado por el ayudante fiscal y que en ese momento puso en conocimiento a la Fiscalía sobre la denuncia, ya que “el intendente no hace una denuncia en donde aporta pruebas para esclarecer el hecho de supuesta corrupción en el municipio, lo único que hace en su presentación fue llevar declaraciones que yo hice en Chacabuco en Red el viernes“. Explicó que en su declaración volvió a reiterar la denuncia que recibieron en su bloque y que la investigación formal comenzó con su declaración testimonial en la causa porque el municipio teniendo todo a disposición no lo había hecho.
Todos entendemos, aunque algunos se hagan los desentendidos, la gravedad que revisten estos hechos si se llega a probar que fueron ciertos. No es una cuestión de radicales vs peronistas ni de Aiola vs Golia.
Es plata de todos nosotros que nos la sacan y se la meten en los bolsillos. De esto se trata el posible hecho.
Esta historia continuará…
Hasta la próxima
Ivana Jacobs
