¿Alcanza con la ‘concientización’ o es necesario recurrir a toma de decisiones colectivas que organicen la transformación con el menor sufrimiento humano, con la urgencia necesaria y atacando a los intereses económicos que se opongan?
A primera vista, los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados en Naciones Unidas en 2015 parecen absolutamente razonables y necesarios. Terminar con el hambre y la pobreza, reducir la contaminación del planeta, establecer la paz o mejorar el acceso a la salud y la educación son cuestiones sobre las que difícilmente no estaríamos de acuerdo, y sin embargo…
Para las concepciones liberales, centradas en la libertad individual, todo objetivo socialmente establecido es visto como una intromisión. Charles Fried lo planteaba claramente en una de sus Conferencias en la Universidad de Stanford en la década del ’80: “Las apelaciones colectivas son una amenaza para ese concepto de libertad”. Por eso, sus referentes políticos más conservadores, como Trump, Bolsonaro o Milei tienden a negar los problemas de cambio climático, aumento de la desigualdad o inequidad en el acceso a los Derechos Humanos.
En el fondo, esquivan la pregunta de si es posible alcanzar las metas de los ODS sin la coordinación de los Estados Nacionales, algo que va contracorriente de su desprecio por la ampliación estatal. Acaso tomar en serio los problemas planetarios llevaría a mayor poder del Estado, mayor gasto público (¿o inversión pública?), mayor exigencia distributiva, y atacar intereses económicos muy fuertes y establecidos.
Otro sector del liberalismo, consciente de la imposibilidad de negar los problemas, pone su confianza en los mecanismos de mercado para sobrellevarlos. “Frente a un problema, hay una oportunidad de negocios”. Y, sumado a eso, a la apelación al voluntarismo individual y la responsabilidad social empresaria para llevar adelante los cambios de hábito y tecnológicos necesarios para superar esos desafíos de la humanidad.
La pregunta sigue latente: ¿alcanza con la ‘concientización’ o es necesario recurrir a toma de decisiones colectivas que organicen la transformación con el menor sufrimiento humano, con la urgencia necesaria y atacando a los intereses económicos que se opongan? En medio de los discursos demonizadores del Estado, éste vuelve a surgir como alternativa.
Sin embargo, no es posible volver a la ingenuidad keynesiana que veía en el Estado la encarnación del ‘bien común’, aunque tampoco ayuda caer en la descripción que hacía James Buchanan de los políticos como meros individuos buscando maximizar sus beneficios personales usufructuando el poder estatal. La siguiente pregunta sería, ¿es posible que los Estados Nacionales coordinen y planifiquen los cambios necesarios con la clase dirigente actual, tan permeable a los intereses corporativos, tan necesitados del buen funcionamiento de los negocios para instalarse electoralmente, tan apegados ellos mismos a la promoción personal?
Frente a ese planteo, la Oficina de Desarrollo Humano de la ONU apuesta al empoderamiento de los grupos sociales, entre ellos las poblaciones indígenas, permeando con otros saberes y cosmovisiones a las instituciones modernas. Esto presenta sus problemas, por un lado, la derechización de los electorados en todo el mundo. Por el otro, sobran ejemplos locales de cómo las corporaciones mediáticas pueden pulverizar en la opinión pública cualquier grupo que atente contra los intereses que las financian, como la construcción del ‘enemigo mapuche’.
Queda el grupo de los técnicos dentro de las burocracias estatales que vehiculizan las recomendaciones de políticas públicas con mayor o menor dinamismo según la voluntad política de darle recursos, poder de control y apoyo normativo. Porque en definitiva, gobierne quien gobierne algo hay que hacer, o hay que mostrar que se hace algo, y ahí es donde aparecen los que saben o creen saber lo que hay que hacer.
Lo cierto es que estamos a mitad de camino de los objetivos del 2015 para el 2030, y es poco lo que se ha avanzado.
Marcelo García
